Publicado el 27/07/2020 - 06:15 Hs.

Cinco nicoleños fueron procesados y embargados por lavado de dinero

La Cámara Federal de Rosario se tomó poco más de dos años para confirmar los procesamientos a Juan Carlos Inés, Guillermo Di Giacinti, Edgard Saltal, Walter Azzaretti y Cesar Luis Agüero, investigados por maniobras fraudulentas contra el fisco. Serían miembros de una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La hipótesis es que montaron dos empresas falsas para simular operaciones de importación de servicios. De esta investigación se desprende otra causa que tiene al abogado Eduardo de Felipe y funcionarios de dos bancos de renombre procesados en primera instancia.

La Cámara Federal de Rosario confirmó esta semana los procesamientos de cinco profesionales nicoleños acusadas de lavado de activos que fueran decretados en marzo de 2018, en el marco de una causa en la que interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello. Los procesamientos recaen en Juan Carlos Inés, Guillermo Di Giacinti, Edgard Saltal, Walter Azzaretti y Cesar Luis Agüero. La Sala B del tribunal revisor también convalidó los embargos trabados por un total de más de 70 millones de pesos.

El proceso empezó con una denuncia de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes dependiente de AFIP. A raíz de la investigación llevada adelante en un principio por la fiscal subrogante Paula Moretti - con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -, se constató la utilización que habrían hecho los imputados de por lo menos dos empresas -SD MONTAJES S.A. y WISMARES S.A.-, en cuyas cuentas se acreditaron aproximadamente unos 36 millones de pesos en total 23 millones en una, y otros 13 millones en la otra, cuyo origen lícito no pudo ser justificado por las mencionadas firmas.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, se trató de una maniobra compleja para la que fue necesario un elevado nivel de conocimiento técnico en materia fiscal, perpetrada en diversas fases y con la intervención de diversas personas y funciones. La hipótesis es que la organización lograba efectuar estas transferencias mediante la simulación de operaciones de importación de servicios con las empresas mencionadas, para lo cual adulteraban la documentación de respaldo. De ésta forma adquirían en el mercado oficial los dólares necesarios para “cancelar” las operaciones y remitirlos a través del sistema financiero al exterior, dándole de ésta manera un viso de legalidad al dinero obtenido.

Se estima que así lograban blanquear el dinero de origen espurio, y -de acuerdo a la fecha de los hechos, durante el segundo semestre de 2013- también eludir los obstáculos legales impuestos por el Banco Central para la compra de dólares y remitirlos al exterior.Captados estos fondos de origen espurio, tuvieron como destino para ambas firmas idénticas compañías extranjeras: dos radicadas en Miami (EE.UU) y otra en Hong Kong (China).

 

Los imputados

Con respecto a la participación de los imputados, la Sala B sostuvo que la fiscalía logró un cuadro indiciario suficiente, en la etapa procesal en la que se encuentra, para afirmar la probable intervención de los acusados.Se identificó al contador Juan Carlos Inés como el asesor impositivo de ambas empresas y el "ideólogo" de la maniobra, interviniendo en el montaje de las personas jurídicas.

En efecto, ambas firmas realizaron los mismos movimientos de pago al exterior.

En tanto Guillermo Di Giacinti sería la persona de confianza de Inés para el control de la operatoria de la cuenta bancaria de SD Montajes, tarea que desarrolló desde antes de su constitución formal como apoderado. Para probar su rol se tuvo en cuenta el intercambio de correos electrónicos cursados a la fecha de los hechos y con posterioridad entre diferentes integrantes de la organización

Edgardo Saltal es el tercer imputado. Se lo acusa de haber tomado parte en la ejecución de las maniobras delictivas investigadas, prestando su consentimiento para constituir y presidir la firma SD Montajes S.A., al solo efecto de canalizar por su intermedio los fondos que serían posteriormente girados al exterior. Incluso, gestionó la apertura de la cuenta bancaria de la firma Banco Santander Río a la que se ingresaron fondos posteriormente girados al exterior, depositó gran parte de los cheques acreditados en la cuenta bancaria de la firma y suscribió los formularios de compra de moneda extranjera. También presentó una declaración jurada ante la sucursal San Nicolás de esa institución en el mes de noviembre de 2013, donde manifestó que los fondos acreditados en la cuenta bancaria de titularidad de la firma se correspondían a su actividad normal y realizó dos extracciones en efectivo.

Para el caso de César Luis Agüero, el tribunal de alzada también señaló que hay suficiente evidencia para avalar la hipótesis fiscal, en cuanto a que habría prestado su nombre para integrar y presidir la firma WISMARES S.A., como así también su consentimiento para que su domicilio particular sea registrado como sede social de la firma. Inclusive, se destacó que en el acta de allanamiento de su vivienda consta que manifestó ser testaferro de la compañía. Su condición patrimonial no se condice con la situación económica que revestiría el presidente de una empresa que facturaba montos millonarios: del informe ambiental realizado respecto a él se consignó como profesión la de panadero.

Finalmente, con respecto al imputado Walter Azzaretti se tuvo por probado que prestó su consentimiento para integrar el directorio de la sociedad WISMARES, que tenía poder de decisión sobre la operatoria de la firma, que manejaba la clave fiscal de la empresa y se contactaba directamente con los pretensos clientes.

La Cámara confirmó los embargos respecto de los dos supuestos coautores hasta cubrir 60 millones de pesos y los partícipes necesarios, por 5 millones en dos casos y un millón en el restante.

 

Eduardo de Felipe

A mediados de 2019 el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo resolvió procesar al Dr. Eduardo de Felipe en la causa que se lleva adelante por lavado de activos. Al mismo tiempo, se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos.

En esta causa el juez también dispuso decretar el procesamiento de otras cuatro personas, incluyendo gerentes de bancos y jefes de cuenta por entender que sin la connivencia de los bancos no hubiera sido posible la fuga de los capitales.

se trata de los gerentes de los bancos Galicia, Alejandro Caputto, y de Santander Río, Carlos Cristian Seganfreddo.

Los otros dos procesados son Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso, por considerarlos “prima facie” en carácter de partícipes necesarios.Estos procesamientos aún no están firmes, aunque se espera que tras la confirmación de los procesamientos a los otros cinco nicoleños también la Cámara resuelva en el mismo sentido.Villafuerte Ruzo considera que De Felipe es prima facie coautor de la maniobra de lavado de activos, “integrando y colaborado, respectivamente, con la organización delictiva junto con los co-imputados de autos” (Juan Carlos Inés y otras cuatro personas), que crearon y utilizaron al menos dos empresas (SD Montjes S. A. y Wismares S. A., en cuyas cuentas se acreditó, en el término inferior a seis meses, la suma aproximada de 23 millones de pesos en una, y 13 millones de pesos en otra, cuyo origen lícito no pudo ser justificado por las firmas”.

Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2018 la Justicia Federal de San Nicolás llevó adelante allanamientos en nuestra ciudad, tanto en el Estudio Jurídico De Felipe, ubicado en calle San Martín 78, como en su anexo de San Martín 58 Planta Alta. Aquel día también allanaron la vivienda particular del abogado Eduardo de Felipe ubicada en el barrio Costa Juncal.

Entre los elementos secuestrados hubo celulares, documentación, computadoras, pen drive y dinero (dólares).Para el caso de que finalmente se encuentre culpable a los procesados, el Código Penal establece lo siguiente penas de prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces el monto de la operación.

https://diarioelnorte.com.ar/

Comentarios

Los comentarios aquí publicados son responsabilidad de sus autores.
Norte Bonaerense se reserva el derecho de administrarlos.

Publicado en

Localidad