Publicado el 12/01/2021 - 07:28 Hs.

Un tiroteo entre las Fuerzas Especiales y una banda delictiva deja al menos 23 muertos en Caracas

La refriega se produjo en un barrio al norte de la capital el pasado viernes, a plena luz del día, y se extendió hasta el sábado

Un enfrentamiento entre bandas delictivas y las Fuerzas Especiales del régimen dejó al menos 23 muertos, según cifras extraoficiales. La refriega se produjo en un barrio al norte de Caracas el viernes, a plena luz del día, y se extendió hasta entrada la noche. En las primeras horas del tiroteo se conoció que 15 personas habían perdido la vida, de las cuales dos eran vecinos que quedaron atrapados en la línea de fuego. El operativo realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se extendió hasta el sábado, y habría dejado otros cuatro muertos. Medios locales aseguraron que cuatro personas más perdieron la vida la madrugada del sábado, pero las autoridades desvincularon los casos con el enfrentamiento. 

Las FAES abrieron fuego en el popular barrio de La Vega cuando integrantes de la banda de «El Coqui» escapaban hacia una zona montañosa. El grupo liderado por «El Coqui», uno de los delincuentes más buscados en Caracas, ha ejecutado una serie de secuestros.  Esa misma banda se atribuyó en febrero del año pasado un tiroteo en la autopista Francisco Fajardo, la principal vía arterial de la capital venezolana, que se saldó con cuatro personas fallecidas tras un secuestro que frustraron las FAES. 

El enfrentamiento de este fin de semana produjo un toque de queda forzado y mantuvo en zozobra a los vecinos de la zona, que han pedido más seguridad en el barrio. Miguel Domínguez, comandante de las FAES aseguró que el cuerpo policial,  acusado de ser uno grupo de exterminio, se encontraba desplegado en la zona «brindando seguridad y protección a la parroquia». 

Por su parte, el activista de derechos humanos de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó a través de su cuenta en Twitter, que el hecho de este fin de semana «es, hasta donde recuerdo, el operativo de ‘seguridad ciudadana’ con mayor cantidad de víctimas». Del mismo modo, aseveró que «da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivos para impedirle que ejerza su derecho a reclamar». El año pasado, las comunidades más desfavorecidas de Venezuela protestaron, aún cuando el país estaba bajo una cuarentena obligatoria, por la falta de servicios básicos como el agua, gas, electricidad, e incluso por la escasez de gasolina, que ha paralizado casi todo el parque automotor. 

El líder de la oposición, Juan Guaidó, se pronunció al respecto y dijo que «Venezuela sufre los efectos de que el régimen por años armó bandas criminales, ampara el narcotráfico y desde el lenguaje de odio secuestra el poder». 

Más de 4.000 muertos en 2020

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 90% de las víctimas de estos operativos policiales en el país sudamericano son hombres. El informe de 2020 señala que el 66% de ellos tenía prontuario policial. Según el estudio, en 2020, 4.231 personas murieron en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que es catalogado oficialmente como resistencia a la autoridad. 82 de ellas tenían entre 12 y 17 años y tres menores de 11 años murieron, presuntamente, por haberse resistido a la autoridad. 

Desde 2012 hasta marzo de 2020, la ONG venezolana Cofavic registró más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado; y solo en el primer trimestre de 2020, la organización que defiende los derechos humanos, contabilizó 357 casos, todos ellos ocurridos en los barrios.

Los procedimientos especiales iniciaron en 2015 en los barrios populares con despliegues policiales, ordenados por el régimen, y con ellos nacieron las FAES, el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia. Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zona hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe en 2019 pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio, expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes. Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo y parcializado».

Ymarú Rojas / Caracas

Fuente:abc.es

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