Publicado el 23/02/2021 - 07:26 Hs.

Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno Maduro

El Consejo de la Unión Europea amplió este 22 de febrero las sanciones contra Venezuela, centrando la acción contra 19 altos funcionarios, entre jueces, políticos y militares, implicados en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre y la "violación de derechos fundamentales" en el país.

Con esta nueva ronda de sanciones, la 'lista roja' de la UE pasa de 36 a 55 individuos, entre ellos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, hombre de confianza y número dos de la Administración de Nicolás Maduro.

La decisión afecta también al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo. Perjudica igualmente al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Remigio Ceballos, comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Entre los políticos chavistas afectados destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones "ilegítimas".

Congelación de activos y bienes en la Unión Europea

Las nuevas restricciones recaen sobre varios diputados de la Asamblea Nacional, constituida el 5 de enero y "no elegida democráticamente" según la UE, y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por "usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional" y "menoscabar los derechos de la oposición".

Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la Unión Europea.

"Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales", argumentaron los 'Veintisiete' en un comunicado.

Reacción a las elecciones legislativas, consideradas "fraudulentas" por Europa 

Esta es la respuesta del bloque europeo a un proceso electoral que tacha de fraude y del que no reconocen el resultado. En efecto, los 'Veintisiete' consideran que las elecciones legislativas de diciembre, boicoteadas por parte de la oposición, no cumplieron los estándares democráticos.

Pese a las sanciones, la UE reiteró este lunes su disposición a continuar "trabajando y colaborando con todos los actores en Venezuela" para promover un "diálogo pacífico y democrático".

La Unión Europea mantiene así que el líder opositor Juan Guaidó es un interlocutor para la salida a la crisis venezolana, pero ha evitado extender el reconocimiento del actual parlamentario como presidente encargado.

"La UE mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015 y que fue la última expresión libre de los venezolanos", dijeron los 'Veintisiete'.

Maduro denuncia una "persecución internacional"

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro sostuvo que las sanciones internacionales están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan "ejercer una presión desmedida y una persecución” en su contra.

El Gobierno venezolano cifra en al menos 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y que según el mandatario servirían para cubrir necesidades básicas de la población. "Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia”, dijo Maduro este 22 de febrero. 

Maduro prometió por otra parte colaborar con este CDH y ha destacado también que su Gobierno renovó en septiembre de 2020, por otro año, el Memorando de Entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. "Están equivocados quienes creen que Venezuela disminuirá la cooperación alcanzada con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos como consecuencia de estas provocaciones ideologizadas de un grupo de gobiernos", dijo el mandatario.

Sin embargo, Maduro mantuvo su posición de rechazar "cualquier mecanismo inquisidor que pretenda usar la causa de los derechos humanos como herramienta política". Cabe mencionar también que el objetivo de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es establecer una oficina en Caracas, que pueda trabajar de forma independiente, lo que Maduro no acepta hasta ahora.  

Michelle Bachelet consideró en el pasado que las sanciones financieras contra Venezuela no son la forma más eficaz de propiciar la colaboración del Gobierno de Maduro.

Con AFP, EFE y Reuters

Fuente:france24.com

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